MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 298 JULIO DEL AÑO 2023 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com icono facebook icono twitter icono twitter

Disminución de servicios ginecológicos y obstétricos en Colombia

Por: Yéssica Tuberquia Agudelo
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El 12 de enero de 2023, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia cerró los servicios de Cirugía y Ginecología de la Unidad Hospitalaria de Manrique, operada por la ESE Metrosalud, y volvió a habilitarse seis meses después (13 de julio). El 2 de junio de 2023, la Clínica Las Américas Auna publicó un comunicado en el que informaba que la atención de partos solo se estaba brindando en una sede, “en donde la capacidad instalada está dada por una única sala de partos, razón por la cual no estamos en capacidad de asumir demanda adicional a la que veníamos prestando”. El 20 de junio, la Clínica El Rosario, sede Villa Hermosa, informó que ya no prestaría más servicios materno-perinatales.

El anterior panorama está enmarcado en Antioquia que, según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud contaba en el 2012 con 1 949 camas de obstetricia, cifra que ha ido disminuyendo con los años: 950 en el 2015, 931 en 216, 920 en 2017, 913 en 2018 y, actualmente, un cálculo de alrededor de 800. Aunque estas estadísticas son departamentales, son una muestra de lo que ha venido ocurriendo en Colombia: de acuerdo con la Sociedad de Pediatría, solo del 2012 al 2013, se habían cerrado 400 camas de neonatos en el país. En ese mismo sentido, según el Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia (SOGOS), “a nivel nacional, las alarmas están encendidas desde principios de este siglo” y, además, es una situación que se está presentando en varios países de Latinoamérica, como: Puerto Rico, Argentina, México, Paraguay, Ecuador, entre otros.

Así mismo, de acuerdo con la investigación Causas y efectos del cierre y riesgo de cierre de los servicios materno-infantiles desde la percepción del talento humano asistencial especializado en el área metropolitana del Valle de Aburrá en el año 2017, “en Colombia, entre un 66 % y 89 % de las muertes maternas institucionales son evitables y, por lo tanto, las deficiencias en la atención materno infantil están estrechamente ligadas a la mortalidad. En los últimos años, la mortalidad materna se ha mantenido en siete muertes semanales. Esta cifra es 20 veces mayor a las de los países más desarrollados, y es asociada a demoras en el acceso a los servicios”.

¿Cuáles son las razones para el cierre de los servicios ginecológicos y obstétricos? Hay varias causas, sin embargo, la principal tiene que ver con el tema económico, de rentabilidad y las tarifas que se manejan por los servicios. En el 2016, la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia realizaron un estudio en el que encontraron que el costo promedio en varias IPS para el servicio de parto era de $1 088 710; no obstante, solo recibían en promedio $1 028 049 por parte del asegurador. La cesárea, por su parte, tenía un costo promedio de $1 410 819 y solo recibían en reembolso $1 257 467.

En ese sentido, de acuerdo con Ana María Ángel de la Cuesta, ginecóloga y actual presidente de la junta directiva de SOGOS, “la mayoría de las instituciones no quieren hacer obstetricia porque trabajan a pérdida: tienen un recurso humano que es muy costoso, unas exigencias de disponibilidad de recursos muy altos y no se recuperan con lo que les pagan por la atención”.

Lo anterior tiene que ver con que las tarifas de los servicios de ginecología y obstetricia se manejan de la misma manera desde hace más de 30 años, pero “los requerimientos en calidad han variado y ya las pacientes no solamente necesitan oxitocina, es también un manejo con condiciones asépticas, con material estéril, ya hay que hacer exámenes, hay que verificar que no tenga infección. Se siguen manejando las mismas tarifas, pero hoy utilizamos más insumos precisamente para mejorar la calidad”, señala Sandra María Vélez Cuervo, jefe del departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia y directora del grupo Nacer, salud sexual y reproductiva de esta misma universidad.

Además de mantener tarifas de hace tres décadas, estas son fijas independientemente de los gastos que tenga la institución al atender al paciente. De hecho, hace cinco años varios hospitales del país le entregaron al Ministerio de Salud una propuesta para establecer un manual tarifario que garantizara la sostenibilidad; no obstante, no fue desarrollada.

Ante esto, las médicas Vélez y Ángel concuerdan en que debe hacerse una revaluación, tanto en la manera en cómo se paga por la atención de los servicios como en los ajustes de las tarifas a la luz de las actuales guías de práctica clínica.

Consecuencias

“La historia del cierre de servicios para la atención materna y del recién nacido se repite frecuentemente y en este escenario de colocarle precio al nacer, se genera una cadena de eventos indeseados que hace que no solo los equipos de profesionales sean maltratados, sino que esta situación se traslade a las mujeres gestantes colombianas concentrando mayores partos en pocos prestadores, con capacidad limitada y cada vez mayor número de pacientes en escasa infraestructura, aumentando la carga laboral, el riesgo legal, los posibles resultados adversos, deshumanizando la atención y generando menor calidad y seguridad en la atención”, se pronunció la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG). Así las cosas, hay dos actores que se están viendo afectados: tanto los especialistas como los pacientes.

La concentración de los servicios en pocas unidades puede acarrear complicaciones en la atención oportuna y de calidad. Es de recordar que hace un año el Congreso de la República aprobó la Ley 2244 de 2022: “Ley de parto digno, respetado y humanizado”, donde se le garantiza a la mujer una atención integral en todas las etapas del embarazo, el parto sin importar el nivel de riesgo y las primeras atenciones de los recién nacidos. No obstante, ante lo que está ocurriendo en el país, el ginecólogo y obstetra Luis Carlos Murillo Valencia, actual presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia (ASAGIO), cuestiona hasta qué punto se puede lograr un parto humanizado.

“El parto humanizado dice que vigile por lo menos a la mamá y al bebé por 24 horas si su parto fue natural y por lo menos 48 si fue una cesárea. Sin embargo, resulta que cuando se cierran unidades, las que van quedando tienen que asumir la atención de esas mujeres, entonces los servicios se empiezan a colapsar, la calidad de la atención empieza a disminuir; imagínate a todas las mujeres que deben atender, ¿cómo hacen físicamente para atender a la nueva que viene y vigilar a la que ya tuvo su hijo? Entonces, hay una presión muy grande por tener que dar altas muy tempranas, por hacer una serie de intervenciones que no son necesarias para acelerar el proceso natural y fisiológico del parto”, comenta Murillo.

Así, los profesionales se enfrentan a una sobrecarga laboral ante la demanda y el alto volumen de pacientes, y se pueden exponer a mayores riesgos médico legales, considerando que de por sí es una especialidad que ya los tiene.

Medellín, por ejemplo, atienden los partos de Bello, Itagüí, Copacabana, Girardota, entre otros, porque estos territorios no cuentan con camas obstétricas. Sin embargo, la ciudad llevaba los últimos seis meses sin la Unidad Hospitalaria de Manrique, operada por la ESE Metrosalud, la cual atendía a la población más vulnerable del Valle de Aburrá. En junio, el presidente de ASAGIO cuestionaba por qué después de tanto tiempo no se había habilitado el servicio y mejorado esta situación.

Por último, hay otro factor a tener en cuenta: de acuerdo con la directora Vélez, los primeros niveles han dejado de atender partos: “Hay que empezar a regular porque hay pacientes que están llenando los servicios que probablemente pudieron haber sido atendidos en otros niveles de complejidad. Hace algunos años todos los partos los recibía un médico general, en el pueblo, y ahora ya prácticamente casi que todos los partos están siendo atendidos por especialistas. La idea es recuperar la confianza para la atención de partos en el primer nivel de atención, y vienen dos puntos: uno, que las pacientes vuelvan a consultar y tener confianza en la atención del hospital básico; y dos, que los médicos generales le pierdan miedo a la atención de pacientes obstétricos”.


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