¿Qué tan eficientes fueron las acciones en salud en el Gobierno de Iván Duque?

El gobierno de Iván Duque tuvo que enfrentar situaciones particulares y de gran impacto para la salud de los colombianos, situaciones que afectaron la toma de decisiones y modificaron la agenda de lo que inicialmente se había propuesto. De un lado, temas de presupuesto y de priorización en la atención gracias a la pandemia por el COVID-19. Por otro, las protestas sociales que demandaron la garantía del derecho a la salud con el fin de impedir otra reforma regresiva del sistema de salud.

El presidente, durante su campaña presidencial, sostenía que el sistema de salud debía ampliar la cobertura, pero consideraba que esta había crecido más rápido que el despliegue de infraestructura, y que la capacidad de formar profesionales de la salud tampoco había sido suficiente para avanzar en calidad. Su propuesta programática abordó varios puntos relacionados con aspectos de salud pública, afiliación al sistema de salud, uso de Big Data y sistema de salud en línea, y la situación financiera del sistema de salud, proponiendo lo que denominó “Ley de punto final en salud” para esclarecer quién le debía a quién y cuánto, así como aplicar lo gerencial en el manejo hospitalario.

De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (Ley 1955 de 2019), abordara un conjunto de temas en salud pendientes por impulsar, y que se daban a través de la definición de competencias en salud enfocados desde los gobiernos locales hasta el nacional; la destinación y distribución para la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en relación con los recursos del sistema general de participaciones, el aseguramiento en salud, los recursos del componente de salud pública y subsidios a la oferta, el pago de servicios y tecnologías de usuarios no afiliados, el saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales, los incentivos a la calidad y los resultados en salud y el establecimiento de la historia clínica en línea. Para estas apuestas, el gobierno comprometió $157, 8 billones para el cuatrienio.

La propuesta de saneamiento financiero del sistema y las fórmulas propuestas por el gobierno de Duque, no fueron distintas a las de gobiernos anteriores, respecto del control de lo que antes se denominaba No POS: control de pagos a las cuentas de recobro de los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la unidad de pago por capitación, pago directo a las EPS, IPS y a los proveedores de tecnologías y medicamentos, aspectos incluidos en lo que Duque denominó en su campaña: Acuerdo de Punto Final.

Radiografía de la gestión

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, señaló que la labor se ha enfocado, también, en consolidar un sistema con mayor equidad, con respuestas en atención en salud, preparación y control de la pandemia, inversión de recursos y con gestión administrativa destacada.

“En medio de un año atípico con mayores condiciones de exigencia, los servidores y colaboradores del Ministerio de Salud y Protección Social trabajaron arduamente, lo que permitió la consecución de una ejecución presupuestal del 97,7 % de un total de $34 billones, recursos comprometidos completamente en la vigencia”, señaló el ministro.

Para el 2022, se incluyó en la financiación de la UPC, los servicios y tecnologías que vienen desde presupuestos máximos hacia la Unidad de Pago por Capitación, representando en el régimen contributivo un incremento adicional en la UPC de 12,73 puntos porcentuales (p.p.) y en el régimen subsidiado de 4.25 p.p

De esta manera, para el caso del contributivo, pasó de $938.826,00 en 2021 a $1.109.221,20 en 2022.

​Por su parte la UPC del régimen subsidiado pasó de $872.496,00 en 2021 a $ 964.807,20.

“Esta actualización promueve un abordaje integral en la atención y continuar con la senda de actualización de los servicios y tecnologías financiadas con cargo a la UPC”, expuso el Ministerio.

Con el propósito de incentivar la gestión integral del riesgo en salud, mejorar el flujo de recursos, y hacer más eficiente el gasto en servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC, se implementó el mecanismo de pago anticipado denominado presupuestos máximos, en donde, para el año 2020, se asignaron $4,1 billones y, para 2021 se fijó un presupuesto $5,05 billones.

En materia de anticipos por UCI e intermedios se giraron $463 mil millones de pesos a 383 IPS y el pago de $750 mil millones de pesos en el aspecto de pruebas. También se ejecutaron $35 mil millones de pesos de compensación al régimen subsidiado con el fin de garantizar el aislamiento.

A su vez, el Ministerio de Salud, puntualizó que “de manera adicional y con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud, se estableció en el Decreto Ley 538 de 2020 que durante el término de la emergencia sanitaria se reconoce la UPC a los afiliados suspendidos y a los beneficiarios de cotizante fallecido, el cual a diciembre de 2022 ha sido por valor de 580 mil millones de pesos”.

Ruiz aseveró que, también “este Gobierno ha mantenido la línea creciente en cuanto a cobertura en salud, se pasó del 29 % de cobertura en 1995 hasta el actual de 98,46 % a mayo de 2021”.

Acuerdo del Punto Final entre puntos suspensivos

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) indicó que a 2021, la deuda seguía todavía en nueve billones de pesos, de los cuales 4.5 correspondían al régimen subsidiado, en tanto las entidades territoriales no habían hecho el saneamiento.

Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) afirmó en entrevista con EL PULSO, que el “Acuerdo de Punto Final, había cumplido en un porcentaje importante. Sin embargo, no llegó hasta el punto final. El punto final es donde está la mayor deuda, en las IPS, hospitales y clínicas. Pero, hay que mencionar que el Acuerdo de Punto Final fue muy funcional con las EPS, en el mismo reconocimiento de sus deudas”.

Y agregó “tampoco es un punto final porque la cartera sigue sosteniéndose, hay morosidad. Él fue bien intencionado, con decisiones valientes. Además, junto con el Ministerio de Salud, le dieron a la pandemia un manejo adecuado en muchos de los temas, como las medidas extraordinarias para el sector prestador”.

Giraldo, destacó que dentro de los aspectos positivos está la liberación de las reservas técnicas, ya que le da orden a las EPS de liberar esos recursos que tiene y paguen cartera. “Eso es un precedente, una orden fundamental. Es un examen muy poderoso para las EPS, para que todas cumplan, sin excepción, con lo que dicta el decreto”.

El gremio de las EPS (ACEMI), sostuvo que “las principales dificultades han estado concentradas en el incumplimiento de los pagos definidos por el Ministerio de Salud, y que en el 2020 solo se giraron $344 mil millones de pesos, cuando se tenía una deuda cerca a los 2.5 billones de pesos”.

Asimismo, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos expresó que “se deben todavía muchos meses de trabajo a los profesionales de la salud de las diferentes IPS y hospitales públicos, quienes en su gran mayoría están tercerizados, lo que no les permite tener unas condiciones laborales dignas”.

Según respondió Iván Duque, en el balance de ejecución del esquema de Acuerdo de Punto Final, “ya hemos pagado 6,1 billones de pesos de ese acuerdo, y estaremos llegando a 7,3 millones de pesos en lo que nos queda de gobierno. Todo para decirles promesa cumplida al sector de la salud. Lo que se dijo se cumplió. Lo que se dijo se hizo”.

Y agregó: “podemos decir que a la fecha 1 597 prestadores han recibido 4,6 billones de pesos. Y quiero destacar algo muy importante, nosotros, también, hemos irrigado estos recursos en 403 IPS públicas. Hemos llegado, también, a los acuerdos de punto final territoriales y esto, realmente, marca un hito para el sector”.

Adicional, Duque enfatizó: “No puedo dejar de mencionar que hay algunos temas que inquietan, claro. Pero el haber llegado a este punto y decir que el gobierno ha cumplido con el Acuerdo de Punto Final, también, es para nosotros inobjetable, que estamos cumpliendo otra promesa que hicimos en campaña, que era la de actuar contra aseguradores que no estuvieran cumpliendo con su labor y, por lo tanto, sacarlos de la prestación del sistema y hacer una reorientación de los clientes hacia los mejores proveedores, hacia los buenos proveedores”.

Asimismo, recordó que, en una de las banderas del gobierno nacional, en saneamiento de deudas por Acuerdo de Punto Final Nación, en la vigencia 2020, se definieron las condiciones y criterios para la operación del Acuerdo de Punto Final Nación, con lo que en enero de 2020 se radicó en la Adres facturación por $11 billones. De estos $11 billones, en 2020 se auditaron $8 billones, de los cuales $5 billones se legalizaron con giros previos y se giraron $2.1 billones.

“En cuanto al Acuerdo de Punto Final Territorial, se han saneado deudas por valor de $943.599 millones correspondientes a 19 entidades territoriales, de los cuales $600.882 millones son recursos de cofinanciación de la Nación”, afirmó el Ministerio de Salud.