Vacunación por parte de privados, ¿un nuevo panorama?

A solo mes y medio de aplicarse la primera vacuna contra Covid-19 en el país, y por ende de iniciar de manera oficial la implementación del Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud y protección social puso a discusión un borrador de resolución que reglamentaría la participación de agentes particulares ajenos al sector salud en el proceso de vacunación. La primera reacción de un significativo número de salubristas y otros profesionales de la salud, es que la medida es un reconocimiento de cierto fracaso del estado para adelantar el proceso al ritmo y con la oportunidad que la emergencia amerita, pero que además, es un paso extra en la delegación de sus responsabilidades en salud pública a manos de particulares.

La iniciativa es la respuesta a una propuesta de los sectores productivos que incluso desde antes de comenzar las inmunizaciones, solicitaron al gobierno nacional que se abriera la posibilidad de participar en la vacunación contra el Covid-19 de una manera directa. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, manifestó en enero que debía permitirse que las empresas compraran vacunas para sus empleados y con el paso de las semanas su propuesta se fue ampliando hacia otros grupos poblacionales.

Para el directivo no permitir la presencia de los privados equivalía a una limitación innecesaria ya que si los empresarios pueden comprar vacunas, incluso desde la primera fase, implicaría sumar esfuerzos para que la inmunización se dé de una manera más rápida. Algunas de las ventajas según Mac Master, sería ampliar el número de personas inmunizadas bajo los protocolos establecidos por el gobierno respetando las priorizaciones. “Si una persona ya se vacunó, porque su empresa compró las dosis, el sistema colombiano no tiene que hacerlo. Esto puede bajar la presión que tiene el ejecutivo y lo más importante es que no le están quitando la vacuna a otro colombiano”. Pero además hizo una propuesta que no quedó reflejada en el borrador de resolución, como incluir a otros colombianos más allá de los empleados de las empresas y a sus familias. Otra opción señalada por el directivo de la Andi era que el gobierno le exigiera a las empresas que al número de vacunas que compraran para sus empleados, se sumara una cifra igual para ser donada rumbo a población vulnerable o a la que dispusieran las autoridades sanitarias.

En su momento el ministro de salud, Fernando Ruiz, se mostró escéptico frente a la propuesta y manifestó: “es muy fácil salir a los medios a decir que ya. Los medios compran eso pero cuál es la viabilidad, dónde están las ofertas, dónde están específicamente las vacunas, cómo es el plan, cuál es la red con la que estas iniciativas privadas van a vacunar o vamos a terminar depredando la red que estamos utilizando’’. Sin embargo para el mes de marzo se instaló una mesa entre empresarios y el gobierno para estudiar la propuesta, y dos semanas después, el borrador de resolución se encuentra publicado para comentarios.

Privados vacunadores

La propuesta de la Andi pretende, como lo señala el boletín interno del gremio en el Valle del Cauca, “impulsar el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 como componente fundamental para la reactivación económica del país”.

Por su parte la resolución define reglas especiales para autorizar la adquisición e importación de vacunas contra el Covid-19 por parte de personas de derecho privado, y para ello establece parámetros: que las vacunas tengan una autorización sanitaria de uso de emergencia; garantizar la aplicación con prestadores de servicios de salud, o en espacios diferentes, pero que tengan el servicio de vacunación habilitado, dejando constancia de que “la aplicación de las respectivas vacunas no afectará la ejecución del Plan Nacional de Vacunación”; garantizar las condiciones necesarias para la conservación de las vacunas; contar con una póliza todo riesgo sobre el producto adquirido que cubra los biológicos durante el tiempo que el agente de derecho privado tenga la custodia del mismo; garantizar que la aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el ministerio de salud; asumir los costos de la importación y de los biológicos, y también los costos de la aplicación y las responsabilidades derivadas de la misma; garantizar el diligenciamiento del consentimiento informado; entre otras consideraciones.

Además el ministerio plantea una serie de requisitos adicionales, como: no usar la capacidad operativa de los prestadores con la que cuenta el PNV, sino usar una red ampliada y alterna; los lugares donde se aplique la vacuna deben estar habilitados por las secretarías de salud; el proceso sería vigilado por los entes territoriales departamentales y distritos; el proceso de inmunización deberá efectuarse a cero costos para las personas, pero además, en caso de una reacción adversa posterior a la vacunación y en el caso de requerirse atención, esta será atendida por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Finalmente el borrador consigna una serie de responsabilidades dentro de las cuales se destaca que los privados que adquieran vacunas contra el Covid-19, con recursos de naturaleza privada, serán directos responsables por los términos de la negociación y por los compromisos que se adquieran. Una particularidad, que parecería paisaje en este tipo de documentos, es que la vigencia regiría a partir de la fecha de su publicación, y no para una fase más adelantada de la vacunación, como había señalado inicialmente el ministro Fernando Ruiz que sería de aceptarse la propuesta de los particulares.

Dudas razonables

Si bien el aporte del sector empresarial al proceso de vacunación podría ser fundamental, una vez conocido el borrador es probable que el deseo de participar sea menor por cuanto analistas consideran que el articulado “asusta” ante todo al trasladar responsabilidades civiles y exigir pólizas sobre efectos que pueden ser incontrolables.

Adicionalmente varios colectivos han señalado dudas que pueden ser razonables. La primera de ellas es la posible pérdida de equidad, en la medida que accederían a la vacuna personas que no necesariamente serían las más vulnerables ante el coronavirus. Ahora bien, teniendo en cuenta que las vacunas son un bien escaso, y que Colombia ha tenido problemas con el suministro, la adquisición privada podría afectar la disponibilidad para el estado.

Algunas consideraciones operativas se relacionan por ejemplo con la necesidad de contar con una base de datos única y actualizada sin fallas, constantemente en línea, de acá dependerá saber a quién se ha vacunado. Además, ¿de dónde saldrá el talento humano capacitado e idóneo que asumirá la tarea?

Es claro que no se puede pasar la responsabilidad del proceso de vacunación al sector privado, porque sería demostración del fracaso del estado para manejar la salud pública, ya que la vacunación es una de las responsabilidades que aun asume, pero también crea una potencial división entre salud pública para los pobres, a cargo de la nación, y otra para grupos “privilegiados”.