Indigentes no certificados
Engrosan pérdidas hospitalarias
Doris Orrego Moscoso
Periodista, Medellín

Foto Mauricio Gómez

El aislamiento familiar, el desempleo, la pobreza, el alcoholismo y el consumo de sustancias psicoactivas hacen que aumente cada día más la indigencia en Colombia y con ella las responsabilidades tanto del Estado como del sector privado para atender a esta población en materia de salud. Pese a que el Gobierno tiene la obligación de subsidiar el 100% de la salud de los habitantes de la calle, las Instituciones Prestadoras de Servicios afrontan hoy graves problemas financieros, debido a la falta de mecanismos de información, evaluación y control, que permitan una clasificación clara y actualizada de estas personas por lo general indocumentadas.

Se calcula que por lo menos un 12% de las atenciones a los habitantes de la calle que ingresan a los hospitales y no son certificados como indigentes, generan pérdidas que pueden ser de un 5%, un 10% y un 30% del valor total de la atención, en el caso de los sisbenizados. Estas pérdidas se deben a que los pacientes se niegan a pagar el porcentaje que les corresponde, bien sea por imposibilidad, desconocimiento de su ubicación en la Seguridad Social y la falta de un documento que lo respalde, o bien, por considerar que su salud es responsabilidad del Estado.

Los centros de atención para los habitantes de la calle, adscritos a las alcaldías de las principales ciudades del país son los encargados de certificar la condición de indigencia, con el fin de que el municipio financie el servicio de urgencias y el departamento la atención de segundo y tercer nivel. Esta certificación implica un estudio, en el cual se trata de establecer mediante encuestas y la verificación de las bases de datos, que dicha persona no pertenezca al régimen subsidiado o al régimen contributivo, estudio que debería ser previo para evitar confusiones en las obligaciones económicas, pero que por el carácter transitorio de este grupo poblacional, en muchas ocasiones se hace una vez prestada la atención.

Aunque no hay una clasificación estricta, podría hablarse de “habitantes de” y “habitantes en” la calle. Los primeros son aquellos que llegan al espacio público para proveer su subsistencia: venden, reciclan, limpian carros y hacen presentaciones artísticas, entre otras actividades; y en algún momento vuelven a sus ranchos, hospedajes o inquilinatos que ellos mismos pagan. Son personas clasificadas por Planeación Metropolitana en los niveles uno y dos del Sisbén, con el criterio de que tienen un hábitat estable, así sea con techo de plástico, piso de tierra, en terreno de invasión y con servicios públicos de contrabando.

No obstante, por su condición de extrema pobreza los sisbenizados se ven en aprietos para cancelar el bajo porcentaje de la atención en salud que les corresponde y en su mayoría le dejan este “saldo rojo” al hospital. Muchos de ellos ni siquiera saben que hacen parte del régimen subsidiado, puesto que, a pesar de que viven en la calle y no se reúnen con sus familiares desde hace varios años, son inscritos en el registro del Sisbén por algún allegado, que por lástima e ignorancia trata de asegurarle su salud.

Por otra parte, como la indigencia no es propia de la población de bajos recursos económicos, sino también de la descomposición social, en los albergues transitorios de habitantes de la calle se detectan personas que por diferentes razones han sido expulsadas de sus domicilios, por familiares adinerados que los incluyen como beneficiarios en diferentes EPS, pero en el momento de la atención no se hacen presentes con la respectiva documentación, dejando al hospital el total de la cuenta por pagar.

Lo peor de todo es que los hospitales no pueden convertirse en cárceles para retener a los pacientes que se niegan a pagar el servicio, porque con su prolongada estadía “la cura resulta más mala que la enfermedad”. Además, su situación de indocumentados impide demostrar que se trata de las mismas personas que cuentan con la debida seguridad social, caso en el cual es necesario levantar el acta ante un notario. En un diagnóstico adelantado por el Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá, se observó que 331 indigentes de una muestra de 1.507 no poseían cédula, lo cual quiere decir que ellos se despojan de este documento cuando les conviene.

Hay otro tipo de individuos,que desarrollan su estilo de vida “en la calle”; allí duermen, se alimentan, consumen droga, toman licor y tienen sus relaciones interpersonales. A éstos se les certifica como indigentes, y por consiguiente, deben estar en el régimen vinculado de salud. Según Marcela Calle López, Coordinadora del Centro Día de la Secretaría de Bienestar Social de Medellín, “se ha tratado de establecer un control mediante la realización de censos que permitan cuantificar las personas que realmente viven en la calle. Pero la problemática social y económica de Colombia incrementa cada día más esta población, con desempleados y empresarios en quiebra, que se desplazan al espacio público; además de una gran cantidad de niños que abandonan las aulas de clases para dedicarse a las costumbres callejeras”. Se estima que un 42% de la población indigente en la capital de la República (donde se concentran habitantes de distintas zonas colombianas e incluso de Venezuela), corresponde a menores de 14 años de edad.

De otro lado,si se hace una interpretación estricta de las normas que regulan el actual Sistema de Seguridad Social en Colombia, las personas que viven “de la calle” podrían considerarse como económicamente activas o trabajadores informales y por ende, si sus ingresos son mayores de dos salarios mínimos, deberían estar cotizando en el Régimen Contributivo de Salud. Caemos entonces en la misma falla: la ausencia de la función de modulación y control dentro del sistema.

En tal sentido,el Movimiento Nacional por la Salud Pública propone crear mecanismos como la exigencia de estar registrado en la seguridad social para poder realizar cualquier trámite ante entidades públicas y privadas, lo cual requiere además de un sistema de información confiable y actualizado.

Atención especializada
El estilo de vida de los habitantes de la calle es el caldo de cultivo para la violencia y propicia un deterioro constante de su salud, que demanda una atención altamente especializada, con largos y costosos tratamientos. Como se dijo anteriormente, en el caso de los no certificados como indigentes por el respectivo ente territorial, estos servicios de salud se convierten en una carga para las instituciones que los prestan. Salta a la vista que la principal debilidad de los habitantes de la calle tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con un informe del Dane, el pegante es lo que más consumen los niños y niñas indigentes hasta los once años de edad, seguido por el bazuco y la marihuana, en las etapas de la adolescencia y la madurez.

La problemática del consumo de droga en la población indigente es más relevante en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, San Andrés y ciudades del Eje Cafetero como Pereira, Armenia y Manizales. Así lo destaca la última investigación del Programa Rumbos, según la cual se observa un aumento de indigentes adictos que buscan ayuda para rehabilitarse, con un incremento del 1%en 1995 al 40% en 1999.

Además existe un grupo de habitantes de la calle con trastornos o disfunción mental, derivados no sólo del abuso de dichas sustancias, sino también del aislamiento familiar y social.

Como consecuencia del hambre, del consumo excesivo de inhalantes y del frío que tienen que soportar especialmente en horas de la noche, aparecen las en fermedades infectocontagiosas y la desnutrición crónica. Se destaca la tuberculosis, cuya tendencia al aumento está a punto de generar una crisis de salud pública en las ciudades capitales colombianas, debido a que los pacientes inician el tratamiento y al notar alguna mejoría no lo terminan.

Adicionalmente la promiscuidad propicia enfermedades de transmisión sexual como el Sida que a su vez trae como consecuencia otras patologías como la Hepatitis. Es el mismo cuadro clínico que se presenta en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la Casa Camilus ubicada en el Sur de la Florida, ha contabilizado más de 6.000 indigentes en el Condado de Dade, de los cuales de un 25 a un 30% son adictos crónicos, de un 30 a un 50% son enfermos mentales, de un 15 a un 25% están infectados por el VIH y un 50% tienen problemas primarios de salud.

También, es común encontrar en los hospitales, habitantes de la calle que han sido apuñalados o son lesionados con arma de fuego durante sus actividades ilícitas; al igual que indigentes víctimas de accidentes de tránsito, cuya recuperación demanda varias cirugías y procedimientos médicos de alta especialización.

Foto Patricia Velásquez

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