La propuesta de reforma abarcaba diversos aspectos, pero ninguno generó tanta división como la idea de transformar el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), aseguradoras público-privadas que han sido objeto de críticas por su gestión y por la captación de recursos públicos.

Después del revés legislativo, el gobierno de Petro se enfrenta a dos opciones: apelar la decisión o presentar una alternativa, mientras avanza la mitad de su mandato y el tiempo se agota. Como una medida que algunos críticos interpretan como una demostración de fuerza ante el hundimiento de su reforma original, el gobierno “intervino forzosamente” dos de las EPS más grandes del país debido a problemas financieros que ponían en riesgo la prestación de servicios a los usuarios.

Aunque las autoridades de la Superintendencia Nacional de Salud aseguran que estas medidas tienen como objetivo “salvar el sistema” y no implican el cierre de servicios ni despidos, han generado incertidumbre y han suscitado preguntas sobre el sector.

El sistema de salud colombiano, establecido desde 1993, se caracteriza por su modelo de competencia gestionada. En términos de financiación, el país cuenta con una entidad clave, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), encargada de recaudar recursos provenientes de impuestos y cotizaciones.

Cada individuo contribuye con impuestos obligatorios deducidos de su salario. En cuanto a la administración, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) desempeñan un papel central. Reciben un pago per cápita por cada afiliado y establecen acuerdos con una red de proveedores para garantizar la prestación de servicios de salud. Es importante destacar que estas EPS no reciben subsidios, sino que financian sus operaciones mediante las cotizaciones de los afiliados.

Además, en Colombia coexisten los seguros privados, que aproximadamente un 8 % de la población paga como complemento al sistema público. Aunque estos seguros son adicionales, no excluyen la afiliación al sistema público. El sistema enfrenta problemas de acceso, deudas acumuladas por las EPS y una situación financiera crítica. La reforma planteada por Petro no abordaba la necesidad de priorizar y tomar decisiones sobre la asignación de recursos, lo que generó críticas sobre su viabilidad.

En comparación con otros países de América Latina, el sistema colombiano se distingue por su modelo de competencia gestionada, mientras que otros países como Chile, Brasil y México tienen sistemas mixtos o predominantemente públicos. A pesar de las diferencias, todos enfrentan desafíos similares en términos de acceso, calidad y sostenibilidad financiera.

Reacciones del Gobierno y otros actores del sistema

El presidente Gustavo Petro no ocultó su decepción y descontento durante un discurso pronunciado en medio de la Asamblea Cafetera. Expresó su preocupación y críticas hacia el Congreso, insinuando que los intereses financieros de las EPS habían influenciado completamente la decisión legislativa. De manera enfática, lamentó el desvanecimiento de lo que él esperaba sería una transición tranquila y ordenada, transformada repentinamente en un revés político. En sus propias palabras: “Lo que podía ser una transición ahora es de golpe”, reflejando su frustración por la abrupta interrupción de un proceso que, en su visión, podría haber llevado a una concertación sin problemas.

Ana María Vesga, presidente ejecutiva del gremio, se refirió a la noticia: “Tenemos como país y como actores una gran responsabilidad y una oportunidad gigante”. Agregó que la discusión sobre la reforma a la salud enfrentó al sector, profundizó desacuerdos y no logró unir voluntades. “Hoy gana el país y los colombianos tenemos la oportunidad de pasar la página, lograr un consenso y avanzar en los desafíos reales de nuestro sistema”.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), presentó algunas consideraciones: “Este gremio hospitalario desde hace varios lustros ha insistido en la necesidad de hacer una reforma a nuestro sistema de salud. Ha considerado que una buena reforma debe combatir la desigualdad, administrar los recursos de manera transparente, fomentar la Atención Primaria en Salud, mejorar los indicadores sanitarios y lograr coberturas reales. Debe, además, garantizar el acceso, la continuidad y la coordinación en la prestación de servicios y ofrecer incentivos adecuados. La ACHC también ha insistido en la necesidad de partir de un diagnóstico sólido que tenga justicia y verdad y ello puede lograrse a través de un mecanismo de doble aceptación”.

De acuerdo con el Dr. Giraldo, “una buena reforma es aquella que, entre otros aspectos, contemple que la cobertura sea eficaz, que el gasto sea eficiente, que consiga más y mejores resultados sanitarios, que fomente la calidad en la atención, que los recursos se administren de manera limpia y transparente, que se incentiven y premien los buenos desenlaces en salud, que defienda la soberanía sanitaria, que fortalezca y preserve el hospital público, y que el sistema construya sobre lo que ya se tiene en la red hospitalaria con la coexistencia de las entidades públicas, privadas y mixtas”.

¿Implementación de la reforma por decreto?

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado la iniciativa de implementar, mediante decreto, una parte sustancial de la reforma a la salud que fue rechazada en el Congreso. En primer lugar, se intervino a la Nueva EPS y a Sanitas, las dos EPS más grandes del país, que juntas suman más de 17 millones de usuarios, lo que representa aproximadamente uno de cada tres colombianos. Ahora, se ha iniciado una reorganización del sistema.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció en una rueda de prensa que expedirá un decreto para que la ADRES, una suerte de banco público de recursos de la salud, transfiera más fondos directamente a las clínicas y hospitales. Esto tiene como objetivo principal eliminar una de las funciones principales de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que actúan como intermediarias entre el Estado y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

“Las IPS han estado solicitando durante mucho tiempo la posibilidad de recibir giros directos para mantener su estabilidad financiera”, afirmó el ministro Jaramillo. Agregó que lo único que falta para implementar el decreto es la firma del director de Planeación Nacional y del ministro de Hacienda. El presidente Petro ratificó la decisión en un mensaje, mencionando que la ley permite realizar giros directos a hospitales y clínicas públicas y privadas, lo cual se llevará a cabo para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos en salud.

Félix León Martínez, director de la ADRES, explicó que el giro directo es una solicitud largamente anhelada, ya que garantizaría un flujo mensual de recursos a las redes de prestación de servicios de cada EPS. Añadió que el giro será solicitado por las EPS o sus interventores, según corresponda, e incluirá a todos los hospitales y clínicas que ofrecen servicios de salud.

Otro decreto que entrará en vigor esta semana está relacionado con la creación de un grupo de promotores de salud para mejorar el acceso en zonas remotas. “Una de las medidas que se implementarán es la reactivación de los promotores de salud para colaborar con los esfuerzos de los equipos básicos de salud, que están llegando a las áreas más alejadas del país”, explicó el ministro Jaramillo. Por su parte Jaime Urrego, viceministro de Salud, indicó que la medida permitirá que miles de personas, capacitadas por el Sena y seleccionadas por la comunidad, permanezcan en las zonas y aborden temas básicos de salud.

Urrego destacó que se avanzará en el Plan de Salud Rural, con la creación de Centros de Atención Primaria, y se presentará a consulta ciudadana un decreto para desarrollar un “modelo de salud preventivo y resolutivo”. Estas iniciativas formaban parte del espíritu de la reforma que no prosperó en el Senado. Los Centros de Atención Primaria han sido una insistencia del presidente Petro desde el inicio de su mandato.