Aumentan multas a EPS por falta de garantías

En los últimos nueve meses, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impuso una cifra récord de 213 multas por 75 618 millones de pesos sobre los actores del sistema de salud, principalmente contra las administradoras de recursos (EPS) que evidenciaron vulneraciones a la garantía del derecho a la salud de los usuarios, así como infracciones a la normatividad vigente en materia de flujo de recursos y reportes de información.

Un balance de la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas de la Supersalud da cuenta que, desde agosto de 2022 a la fecha, se han impuesto 82 sanciones a entidades autorizadas para brindar aseguramiento en salud en los regímenes contributivo y subsidiado, 71 a personas naturales, 19 a prestadores de servicios de salud y 41 a entes territoriales y generadores, recaudadores y administradores de recursos del sistema.

Según afirmó la Superintendencia Nacional de Salud, “al analizar el monto de las sanciones en el actual periodo de la Superintendencia, se aprecia un aumento importante, de 317 %, frente a las cuantías registradas en el periodo comprendido entre agosto de 2021 a abril del 2022, cuando las multas reflejaron una cifra significativamente menor, pues sumaron solo 18 124 millones de pesos. El mayor incremento en las multas impuestas se dio sobre las EPS, pues en el periodo actual los montos por sanciones a estos vigilados fueron de 43 731 millones de pesos, mientras en el periodo comparado, cuando estuvo la anterior Superintendencia del pasado gobierno, totalizaron 7 145 millones de pesos, lo cual evidencia un aumento de 512 %”.

Vale destacar que en los últimos ocho meses sobresalen las multas impuestas sobre la EPS SURA, por $5 800 millones, y las Secretarías de Salud de los departamentos de Magdalena y Atlántico, por $1 160 millones y $870 millones de pesos respectivamente. En cuanto a sanciones contra personas naturales, la mayor multa recayó en la exrepresentante legal de la EPS Coomeva, Ángela María Cruz Libreros, por $986 millones, el pasado 30 de marzo de 2023.

El superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, señaló que la entidad a su cargo no iba a seguir siendo complaciente con los infractores del sistema, sino que actuaría en defensa del derecho a la salud de quienes habitan este país y la protección de los recursos asignados para garantizar ese derecho, convirtiéndose en aliada de los ciudadanos, especialmente con las poblaciones más vulnerables y aplicando y exigiendo el cumplimiento de la normatividad a los actores vigilados por este ente de control.

En el mismo sentido, el superintendente Delegado de Investigaciones Administrativas, César Hernando Meza Mercado, afirmó: “La gestión que hemos hecho desde el componente de investigación revela un mayor ejercicio de control a los vigilados del sistema de salud, que se concretan en el objetivo misional de la entidad, como es la protección del derecho a la salud en conexidad con la vida de los ciudadanos y los recursos públicos”.

Otras medidas para las EPS

De otro lado, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido una resolución en la que exhorta al Congreso y al Ministerio de Salud y Protección Social a regular el momento en el que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) tienen la obligación de contratar una Institución Prestadora de Salud (IPS) en un municipio específico. Esta decisión surge como resultado del análisis de tres casos en los que las EPS Sanitas, Famisanar y Nueva EPS proporcionaron servicios de salud a pacientes con enfermedades crónicas lejos de sus lugares de residencia, sin que estos tuvieran los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos asociados.

La Corte Constitucional, en su fallo, amparó los derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad humana y la integridad personal de los demandantes, entre los que se encuentran dos menores de edad y una persona de la tercera edad. Asimismo, instó al Congreso y al Ministerio de Salud a establecer regulaciones que determinen el momento en el cual las EPS deben contratar una IPS para brindar los servicios necesarios a los pacientes con diferentes patologías y dificultades de movilización.