MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 285 JUNIO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 285 JUNIO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
Durante el actual gobierno, 2018-2022, la Superintendencia Nacional de Salud tuvo el reto de pasar de las sanciones irrisorias a las que tenía acostumbrado al país, para adoptar una posición más drástica en contra del deterioro sistema. Esta puede ser la marca de la actual gestión en una entidad que tiene como objetivo “proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna”.
Frente a las acciones encaminadas a ese objetivo, es necesario analizar varios aspectos para dimensionar en realidad el alcance e importancia de las medidas tomadas. Un primer interrogante puede ser ¿Las actividades que realizó la Supersalud permitieron monitorear y evaluar el sistema de salud eficientemente? ¿Qué le faltó por solicitar, confirmar y analizar en cuánto a la información sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, la situación jurídica, financiera, técnica - científica, administrativa y económica de las entidades que vigilaron? ¿Cuál fue la principal fortaleza, debilidad y amenaza de las acciones de vigilancia que ejecutó la Superintendencia? ¿Cuáles son los principales hechos que ejecutó y que permitieron mejorar la transparencia del sistema, como la gestión y la atención de los usuarios? ¿Qué resultados se lograron con la aplicación de las Medidas Especiales en las IPS y EPS?
Adicionalmente, y en el tema financiero surge una gran inquietud ¿La gestión encaminada para mejorar el recaudo de la cartera fue significativa? ¿Cuáles son los principales retos en la priorización del pago de deudas?
Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia- AESA, afirmó que, durante este cuatrienio, “la Superintendencia Nacional de Salud tuvo muchas más oportunidades para apoyar el fortalecimiento financiero de las IPS, no obstante, este fortalecimiento no se evidenció de manera eficaz en la toma de decisiones, sobre todo, en la oportunidad. Además, se dilataron mucho las soluciones, se improvisó la crisis, y cuando se tomaron decisiones, en especial con las EPS (a las cuales intervino y puso en procesos de liquidación) fueron decisiones tardías porque dejaron avanzar mucho el problema, y hoy estas EPS están declarando que no tienen recursos para cancelar las enormes acreencias que deben”.
Y es que lo se ha visto, como lo ha analizado EL PULSO en ediciones anteriores, es que a la capacidad de la Supersalud para ordenar la salida de EPS que incumplen con sus obligaciones en el sistema, le falta una herramienta que permita el pago de las acreencias que se dejan al garete y por las cuales pocas veces se logra encontrar un responsable, como ha sucedido muchas veces y que afecta de manera muy grave la situación financiera de las IPS.
Pero además agregó Martinez: “se generaron muchos traumatismos por el tema de los traslados masivos porque no se ha medido de manera eficiente la capacidad operativa que tiene cada una de las EPS receptoras de miles de afiliados, lo que colapsa los servicios, se interrumpen los tratamientos, por ejemplo, de pacientes con enfermedades crónicas, lo que va en contra del acceso y la garantía al derecho fundamental a la salud”.
Por su parte y según Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos- ACESI “la Superintendencia fue fortalecida con normas para que pudiera realizar mejor sus funciones, no obstante, al revisar las acciones estas fueron tardías porque llegaron después de que muchas de las EAPB no tenían recursos para responder por sus acreencias y ya se había dado un incremento grande de la cartera en prestadores, sumado a importantes barreras de acceso para los usuarios”.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas- ACHC, aseguró, “que en medio de los procesos de liquidación de las EPS que ha realizado la Superintendencia Nacional de Salud, se generó un daño colateral al sector hospitalario que ha prestado servicios oportunos y completos”.
Giraldo, también, mencionó: “le hicimos unas propuestas al gobierno para que las intervenciones y liquidaciones fueran oportunas, porque las liquidaciones no pueden llegar cinco años después, sino que son decisiones que se tienen que tomar con los primeros signos de alarma de una posible crisis”.
Además, puntualizó que “se debe velar o correr velos corporativos de reserva para saber quiénes son los dueños y cómo se tiene que perseguir los activos o los bienes para que puedan responder”.
Vale recordar que solo en el caso de Cafesalud, aún el total de los pasivos es de un billón ochocientos cincuenta mil novecientos ochenta y ocho millones setecientos veintitrés mil seiscientos dieciséis pesos ($1.850.988.723.616). Mientras el agente liquidador declaró situación igual se dio con la EPS Cruz Blanca que dejará de pagar $243.684.095.730.
Para Coomeva, recientemente liquidada, se estima que sus pasivos están por el orden de los 1,7 billones de pesos. Comfacor fue liquidada el año anterior y declarado su desequilibrio financiero, y se espera el resultado de las liquidaciones de las EPS Emdisalud, Ambuq, Comparta y Comfamiliar Cartagena.
Tras el anunció de liquidación de las EPS Cruz Blanca, Emdisalud y Salud Vida, el director de la ACHC, pidió a la Superintendencia de Salud “consideración para con los prestadores de servicios de salud y dar mayor claridad sobre cómo se pagarán las deudas que dejan están entidades con los hospitales y clínicas, ya que es claro que en una liquidación se llega hasta donde los bienes y patrimonio alcancen, pero los que hay no alcanzan y por ello el gremio considera necesario contar con otras fuentes”.
El representante del gremio enfatizó en entrevista con EL PULSO que “Las deudas siguen ahí. La Supersalud debe trabajar no solo para apagar incendios en el día a día, sino buscando cambios. Por ejemplo, unos flujos automáticos. Aquí hay historia, buena fe, técnicas. Yo no creo que en un sistema basado en la desconfianza haya solución. Hay que hacer un revolcón, porque yo no creo que esto sea sostenible, esta batalla de todos los días, de pedir que les paguen por los servicios prestados”.
“Hay que cambiar el sistema, la forma en que se realiza el recaudo; movilizarse a través de giro directo. Es complicado que tantas manos toquen el dinero sin ojos que las vean. Hay que pensar en administradores regulares, a los cuales no se les entrega el dinero, sino que se les remunera a posteriori por las labores administrativas. Hay que hacer las auditorias y sus verificaciones”, puntualizó Giraldo.
Gustavo Morales Cobo, quien fue superintendente de Salud y también ordenó la liquidación de varias EPS. Señaló que “tampoco es cierto que las liquidaciones sean una medida contra la corrupción. Sirven quizá para otra cosa”, y admitió que “ningún bandido termina en la cárcel o sancionado o despojado de su patrimonio a raíz de una liquidación ordenada por la Supersalud”.
Asimismo, agregó: “Para esos efectos, ese funcionario cuenta con otros mecanismos poderosos, como las multas, las suspensiones y las revocatorias de las licencias y habilitaciones, y es con base en ellos que hay que medir su eficacia contra los ladrones”.
Frente a los principales hechos que realizó la Superintendencia, Zuluaga y Martínez coinciden en que es positivo la publicación de un informe para conocer a donde fueron los recursos generados por la pandemia, “no obstante no fueron informes continuos ni se generaron medidas que evitaran la concentración de recursos en oligopolios en detrimento de normas como el porcentaje mínimo de contratación con la red pública hospitalaria que no fue vigilada ni controlada, así como la integración vertical, es decir, la contratación de las EPS con sus propios prestadores”.
Martínez, a su vez, concluyó: “Quisiéramos tener una Superintendencia que realmente muestre como está cada una de las instituciones, en especial, las que manejan más de 50 billones al año, que son todas la EPS del régimen contributivo y régimen subsidiado. Ahí, entonces, hay una falta de oportunidades en la publicación de estos estados financieros y, en la toma decisiones”.
EL PULSO como un aporte a la buena calidad de la información en momentos de contingencia, pública y pone a disposición de toda la comunidad, los enlaces donde se pueden consultar de manera expedita todo lo relacionado con el Covid-19-
Si usted está interesado en alguno de los libros de la Editorial San Vicente Fundación, ingrese al siguiente link, acceda a nuestro catálogo y realice su proceso de compra
Visitar catálogo
Tel: (4) 516 74 43
Cel: 3017547479
diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com
