El más reciente Informe de Evaluación de Cumplimiento de las Condiciones Financieras y de Solvencia de EPS para la vigencia 2018, y realizado por la Superintendencia Nacional De Salud con corte de Información a diciembre 2018, muestra resultados preocupantes que además de ser una radiografía fidedigna, o por lo menos oficial, del aseguramiento en salud en Colombia, también puede generar reflexiones de lo adecuado del modelo adoptado por el país hace 26 años.

Antecedentes normativos

A partir del año 2014 con la expedición del Decreto 2702, el Ministerio de Salud y Protección Social comenzó una maratón de actos administrativos que buscaban salvar a las EPS de lo que en ese momento se veía como una situación crítica. El entonces Ministro de la cartera, Alejandro Gaviria, planteo en muchas intervenciones que garantizar la solvencia financiera de las EPS era un paso fundamental para superar los problemas de tipo económico del sistema. Sin embargo casi cinco años después, parece que los resultados de aquella estrategia no son los mejores.

El Decreto 2702 fue retomado en el Decreto 780 de 2016, que establecía las condiciones financieras y de solvencia que las EPS obligatoriamente debían cumplir para garantizar la sostenibilidad del SGSSS, y dejaba claras las obligaciones que las aseguradoras tendrían para reorganizar su situación financiera y contable con unas condiciones que garantizaran su equilibrio económico.

Fueron cuatro las condiciones ordenadas: capital mínimo, patrimonio adecuado, constitución de reservas técnicas y, el régimen de inversión de dicha reserva. Ese mismo año, 2016, el Gobierno Nacional continuó con la expedición de los Decretos 2117 y el 718 en 2017, los que entre otras consideraciones permitieron a las EPS adelantar planes de ajuste y reorganización institucional, e incluso amplió los plazos para cumplir con los niveles exigidos en los indicadores. El otro elemento que se agregó a la estrategia de salvamento fue permitir que las EPS que presentaban déficit en sus indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado, tuvieran metas anualizadas para dar cumplimiento a los porcentajes de reducción de su defecto base. Lo que en su momento muchos calificaron de “gabelas a las EPS” se extendieron a una serie de lineamientos adicionales para aquellas entidades a las cuales la Supersalud les aprobara un plan de ajuste o de reorganización institucional.

Resultados

El informe de la Supersalud muestra que para el Indicador de Patrimonio Adecuado entre 2015 y 2018, su deterioro alcanzó una variación promedio anual del -20%, pasando de $-4.643 miles de millones en 2015 a $-8.012 miles de millones en 2018 según la información reportada por 37 EPS, y compuesto por un patrimonio técnico de $-5.017 miles de millones, un patrimonio adecuado de $3.308 miles de millones y $312 mil millones por concepto de glosa no definitiva. Lo que resulta más preocupante es que a pesar de los plazos otorgados por las normas, y la posibilidad de cumplirlos de manera gradual, solo 14 entidades presentaron cumplimiento del indicador de patrimonio adecuado, siendo el 57% del régimen contributivo. Por su parte, de las 23 EPS que no lograron el cumplimiento del indicador el 74% pertenecen al régimen subsidiado.

Aunque en el análisis de la Supersalud se califica como un comportamiento positivo, el asunto podría no ser tan contundente cuando se miran los resultados por tipo de régimen. Solo las EPS del contributivo presentan una mejora en su indicador de patrimonio adecuado, pasando de $-1.544 miles de millones en 2017 a $-1.188 miles de millones en 2018; cifras cercanas a las de 2016 con lo que en el mejor de los casos se podría ver como un estancamiento del deterioro. Por el lado de las EPS del subsidiado y las que administran ambos regímenes, entre 2017 y 2018 tuvieron deterioro. El régimen subsidiado presentó una variación de -15,3% y para las EPS que administran ambos regímenes el indicador se redujo -113,4%.

En cuanto a los resultados de cumplimiento del régimen de inversiones, las EPS del régimen de contributivo mostraron que las reservas constituidas a noviembre de 2018, solo seis presentaron cumplimiento del porcentaje mínimo requerido: Sura, Salud Total, Sanitas, Aliansalud, Compensar y EPS. En el subsidiado el número fue incluso menor, tres EPS: Comparta, Mutual Ser, y Cajacopi Atlántico. Para el caso de las aseguradoras que administran ambos regímenes solo la Nueva EPS y Medimas cumplieron, pero con salvedades. En el caso de la Nueva, esta EPS cuenta con un periodo de gracia de tres años para el cumplimiento del indicador de reservas técnicas, y por lo tanto se evalúa con cifras correspondientes al contributivo y el Plan Complementario. En cuanto a Medimás, debido a encontrarse en reorganización, solo debía tener constituido un 20% del valor de sus obligaciones por reservas técnicas del mes inmediatamente anterior.

Conclusiones

Según el análisis de la misma Supersalud, si bien la normatividad otorga un período de transición para que las EPS cumplan el 100% del defecto calculado a junio de 2015 (Decreto 780 de 2016) cuatro años después, y en una tendencia desde el primer año de la transición, el indicador de patrimonio adecuado consolidado ha presentado una tendencia negativa. Del total de las EPS que deben cumplir con las condiciones financieras y de solvencia para el cierre de la vigencia 2018, solo nueve EPS de 37 cumplen con todos los indicadores.

Ante el panorama poco alentador, la Supersalud hace una recomendación final que podría incluso tomarse como advertencia: “las EPS que no han cumplido con las condiciones financieras y de solvencia deberán llevar a cabo acciones que fortalezcan su situación patrimonial. Para ello, deberán capitalizarse, mejorar la efectividad de los gastos administrativos y/o optimizar los costos asociados a la prestación y suministro de tecnologías en salud mediante la adopción de un adecuado modelo de atención y gestión del riesgo en salud, garantizando la continuidad y calidad en la prestación de los servicios”.